Este aspecto es el más valorado entre todos los participantes en este conversatorio que modera José Manuel González Huesa, director de cermi.es y director general de Servimedia. Sin embargo, Inés Losa Lara, tesorera de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), matiza su valoración afirmando que “las organizaciones de pacientes hemos estado en el sistema de manera invisible, siendo sostén de la asistencia sanitaria y un agente más del sistema sanitario y social, pero no teníamos la visibilidad que merecíamos”, de ahí que este logro “es resultado del trabajo que hacemos, debería haber llegado antes, pero valoramos muy positivamente que haya llegado”. 

 

La directora ejecutiva de Salud Mental España, Celeste Mariner, hace un balance positivo de los enunciados de este proyecto, pues “todo lo que sea ampliar derechos, la participación, que no existan más copagos, los objetivos de la ley, las reformas e inversiones... nos parecen adecuados, pero es importante estudiar luego bien los contenidos y que la perspectiva de la salud mental esté dentro del paquete”. 

 

 

La pandemia ha mostrado las fortalezas del SNS, pero también ha puesto de manifiesto importantes debilidades que justifican abordar estas reformas necesarias para garantizar universalidad, equidad y cohesión. Así lo expone Luis Vañó, presidente de CERMI Comunidad Valenciana, que valora positivamente el proyecto de ley pues “define mejor conceptos básicos como la universalidad y la equidad, minimizando también las diferencias de prestaciones por comunidades autónomas, con esa recuperación de la cartera única, priorizando la gestión pública directa, progresando en una gobernanza más amplia y participativa, y algo trascendental, que es reforzar la atención sociosanitaria, mediante esa futura constitución de órganos de coordinación sociosanitaria en cada comunidad autónoma, y eliminando copagos...”

 

Para Mar Barbero, directora gerente de Fedace, “esta nueva mirada participativa es muy interesante, y que se amplíen las prestaciones sociosanitarias, como la rehabilitación, que es clave para cualquier discapacidad sobrevenida, y también es clave que se tenga en cuenta la vida independiente de las personas”.

 

Esta ley persigue mejorar la salud de la ciudadanía y de las organizaciones, enriquece la toma de decisiones en el proceso de elaboración de las políticas públicas con la participación ciudadana, disminuye desigualdades sociales y pone al paciente en el centro, en la toma de decisiones en órganos tan relevantes como los órganos de asesoramiento en el marco del SNS o como es el foro abierto de salud. Es la interpretación de Patricia Lacruz, directora general de Cartera del Sistema Nacional de Salud, del Ministerio de Sanidad. Califica además el proyecto de ley como “ambicioso” pues “no solo persigue incrementar la participación ciudadana y materializarlas en esos órganos, sino también mejoras sustanciales en el marco organizativo del SNS y en el marco de blindar las prestaciones para que no se sigan incrementando los copagos”. 

 

En cuanto a la coordinación sociosanitaria, Lacruz afirma que el articulado contempla dos herramientas esenciales para que esa coordinación se materialice y “lo que se pretende es que en todas las comunidades autónomas se disponga de estos dos elementos estructurales para mejorar la coordinación sociosanitaria”. En este punto, Inés Losa advierte de que “la conexión entre lo sanitario y lo social, al final es poner al paciente en el centro, con todas las necesidades que tiene, no solo sanitaria, sino también económicas, laborales, etc.”

 

Patricia Lacruz destaca otro aspecto que le parece muy interesante y es la incorporación de la salud en todas las políticas, “de tal forma que, en la iniciativa del Gobierno, en la iniciativa legislativa, se produce una evaluación del impacto en salud, que es muy relevante”. Este enfoque de salud pública también es muy valorado por Daniel Aníbal García, de Cocemfe, pues explica que “los colectivos más vulnerables vemos cómo muchas de las políticas que se ponen en marcha nos dejan atrás a las personas con discapacidad, a la mujer”, por eso considera que, “lo importante cuando se piensa la política es pensar en la salud desde el principio”. 

 

 

Patricia Lacruz destaca también “el esfuerzo que desde 2019 se ha desarrollado para disponer de un catálogo ortoprotésico” y lo señala como “un ejemplo claro de participación ciudadana”. Sin embargo, Daniel Aníbal García, muestra ciertos temores ante la posible ruptura del espíritu de equidad que ha mostrado el ministerio en este trabajo, cuando tenga lugar su trámite autonómico. Si eso ocurriera, advierte Lacruz, se podría abordar y modificar lo que fuera necesario: “Si se identifican cuestiones que puedan suponer diferencias, el objetivo del ministerio de Sanidad y una de sus funciones principales es velar por la equidad de todas las personas independientemente del lugar donde residan, es sin duda la misión propia del ministerio de Sanidad”. 

 

Desde Salud Mental España valoran también la formación de los profesionales como una condición necesaria y apuntan la importancia de que “se forme a todos los profesionales con una mirada respetuosa con los derechos humanos y que todas las posibles coerciones o tratamientos no voluntarios se atiendan”. Además, indica la importancia de que se identifiquen como colectivos vulnerables en temas de salud mental a la infancia y la adolescencia, y que se refuerce la detección de malos tratos. 

 

 

Aunque la representante del ministerio asegura que el proyecto recoge casi todas las aportaciones de las organizaciones, no opinan igual algunos de ellos, como Inés Losa, que explica que “echamos de menos muchas cosas que proponíamos, por ejemplo, el concepto de calidad como principio sustentador del Sistema Nacional de salud; si bien la equidad, la universalidad y la cohesión, son fundamentales, creemos que el concepto de calidad también debería recogerse”. Explica que hace un par de semanas presentaron un baremo sobre la sanidad y los pacientes suspenden la atención recibida, “y es un dato que viene recogiéndose desde 2019, es prepandémico, la valoración ha ido cayendo y no solo por la pandemia, que ha puesto de manifiesto problemas, pero también oportunidades y retos”. 

 

Daniel Aníbal García también asegura que las aportaciones del CERMI no han sido recogidas en su totalidad y explica que las harán llegar de nuevo al trámite de alegaciones y quiere creer que se conseguirá, que cada una de las cosas que se han quedado en el tintero, podrán introducirse en esa norma. Pero advierte de que la postura de CERMI siempre es la de “hablar con todos los grupos, dar nuestra postura e intentar que la norma que se haga sea la mejor para nosotros”.

 

Celeste Mariner confía en las bondades de la futura norma y destaca en este sentido la inclusión de indicadores sanitarios públicos que van a favorecer que las entidades participen activamente: “debemos de estar muy atentos y atentas a esos resultados para poder hacer toda la incidencia en todas las mejoras que sean necesarias y, sobre todo, utilizar los mecanismos de participación que están previstos”. Asegura que también seguirán el proceso de presentación de enmiendas “para favorecer esa finura que pueden presentar las leyes”, sobre todo en este caso, en el que se pretende una equidad y cohesión territorial tan necesarias, asegura: “No puede ser que nuestro pronóstico de salud sea mejor si vives en una comunidad que en otra”. Aunque finaliza su intervención con optimismo, reforzando la idea iniciar de su compañero de Cocemfe: “La música suena muy bien y vamos a seguir colaborando para que se desarrolle de la mejor manera posible”. 

 

Por su parte, Luis Vañó propone una idea “para que los señores diputados también lo introduzcan”, y es la importancia “del tema de la prestación de atención especializada, donde se concreta también dentro de esa prestación la Medicina de precisión, personalizada, predictiva, preventiva y participativa y centrada, y esto es importante en las características de cada paciente”.

 

El cierre del conversatorio incluye una fecha optimista, y es que Patricia Lacruz cree que sería posible que “antes de que acabe el primer semestre de 2023, veamos publicada en el BOE esta norma”. Confía en el apoyo de los partidos políticos, “pus es una ley que mejora la vida de las personas” y que incluye esas mediciones que suponen una “rendición de cuentas”, una transparencia hacia la ciudadanía, porque “medimos para evaluar y evaluamos para mejorar”.